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La nueva regulación de registro de jornada laboral impulsada este año por el Gobierno está generando serios quebraderos de cabeza al sector empresarial ante la obligación de poner en marcha un novedoso sistema de control del horario de su plantilla. Aunque el sistema está aún pendiente de implantación en el grueso de compañías, los problemas, sin embargo, también afectan ya a las pocas empresas pioneras que lo han puesto en marcha, al menos en el caso de las antiguas cajas de ahorros.

El Ministerio de Trabajo acaba de instar a las entidades financieras adheridas a la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), listado que incluye a CaixaBank o a Bankia, a corregir el flamante acuerdo de registro de jornada que firmaron en septiembre porque incumple algunos aspectos de la nueva regulación y de la Constitución española.

Los conflictos sobre la conocida como jornada a la carta, una de las medidas estrella de la última reforma laboral, están llegando cada vez más a los tribunales. A través de sus resoluciones, los jueces van perfilando el contenido y límites de este derecho de los asalariados a pedir una adaptación de su jornada que les permita conciliar trabajo y vida familiar. Una de las últimas sentencias, fechada en septiembre (cuyo texto puede consultar aquí), abre la puerta a solicitar teletrabajar en aplicación de la jornada a la carta del artículo 34.8 del Estatuto.

En el fallo, un juzgado de lo social de Mataró da la razón a una fisioterapeuta que pidió salir media hora antes de la residencia en la que trabajaba para poder recoger a sus dos hijos en el colegio. La juez considera que la empresa no acreditó “de ningún modo” las dificultades organizativas que impedían flexibilizar el horario de la mujer, y le permite salir media hora antes y recuperar “si se prefiere” ese tiempo a distancia. Así mismo, condena a la empresa a indemnizar a la trabajadora con 3.125 euros por la ansiedad que le produjo la negativa.

Si existe consentimiento entre trabajador y empresa, no hay obligación de fichar al entrar y salir, pero sí de un control horario por otras vías.

Una ingeniera fue despedida por su empresa, dedicada a prestar servicios medioambientales y de limpieza en instalaciones deportivas y recreativas de varios municipios de Asturias, Cantabria y León. En la carta de despido se exponía, entre otros motivos, que no fichaba al entrar y salir de la oficina como el resto de sus compañeros. Ahora, el juzgado de lo social de Avilés declara que el despido es improcedente y obliga a la empresa a readmitir a la empleada o a indemnizarla con 76.325 euros.

Falta poco para que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique las fechas con los días festivos nacionales y los autonómicos para 2020. El año próximo habrá ocho días que serán festivos retribuidos y no sustituibles en toda España y otros cuatro de carácter autonómico. Así, en los últimos meses, las comunidades han ido publicando en sus respectivos boletines oficiales regionales sus días festivos. A estos 12 días que no serán laborables y que se disfrutarán de lunes a sábado, habrá que sumar otras dos jornadas festivas de carácter local, que fijará cada ayuntamiento. En total, habrá 14 días festivos en 2020.

En el próximo ejercicio tendrá dos tipos de fiestas autonómicas. Unas, aquellas que los Ejecutivos regionales podrán sustituir por festividades propias y otras que siendo fiestas nacionales, las autonomías podrán también cambiar por las suyas propias porque su celebración se traslade al lunes por coincidir en domingo.

La justicia española ha puesto en evidencia que el histórico miedo de obreros o trabajadores a ser sustituidos por máquinas que desempeñen su misma labor, pero sin cansarse ni dormir ni cotizar, tiene un límite y pasa por un despido improcedente con su consiguiente indemnización. Así ha quedado plasmado en una sentencia publicada este jueves que ha declarado improcedente el despido de una empleada de Lopesan Hotel Management SL que, después de 13 años de servicio, fue sustituida por un programa informático o bot de gestión.

El grupo deberá readmitir a la afectada en cinco días desde la notificación del fallo o aumentar su indemnización a 28.305 euros; 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. La sentencia, además, establece que la empresa debe indemnizar a la mujer con 863 euros más intereses, por omitirse el preaviso de despido que debería haberse llevado a cabo en una extinción de contrato injustificada, que es lo que se ha acreditado en el proceso.

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