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El Ministerio de Trabajo publicó la semana pasada en su web una detallada guía destinada a los empresarios para ayudarles a implantar los sistemas de registro de la jornada diaria de sus empleados, que son obligatorios desde el pasado 12 de mayo.

Pero además de esta guía, la dirección de la Inspección de Trabajo ha elaborado también un Criterio técnico sobre la actuación en materia de registro de jornada para los propios inspectores y subinspectores, a cuyo borrador ha accedido este periódico, y que aclara algunas de las pautas que seguirán estos funcionarios a la hora de exigir el control horario.

La primera cuestión que precisa la cúpula de la Inspección para sus efectivos en este documento es que tengan claro que “la llevanza del registro de jornada no es una opción para el empresario, sino que se trata de un deber” incluido en la ley.

CEOE quiere que "sólo el empresario decida sobre la necesidad de proceder al despido del trabajador", con una carta de aviso y el abono inmediato de la indemnización de 20 días por año.

La patronal ha planteado al Gobierno actual, y prepara para el próximo, una plataforma reivindicativa de máximos en el mercado de trabajo, que puede suscitar una confrontación total con los sindicatos. CEOE plantea "un contrato estable en su duración, que será indefinida, pero flexible en su finalización". Es decir, como más adelante se verá, lo que de facto plantea la patronal es una suerte de contrato único, o contrato temporal de larga duración.

1. Reconozco que el título de la presente entrada es exagerado, incluso diría que muy exagerado, porque estoy seguro que la jornada de trabajo y su registro está bien regulada, y se cumple dicha regulación, en muchas empresas españolas, pero probablemente me haya dejado llevar por el “clima” existente en algunos círculos empresariales y medios periodísticos cercanos que han hablado del cambio normativo operado por el Real Decreto-Ley 8/2019 de 8 de marzo con tintes casi apocalípticos y no han ahorrado términos y expresiones grandilocuentes para manifestar su “gran preocupación por las consecuencias” del cambio normativo operado por la modificación del art. 34 de la Ley del Estatuto de los trabajadores y la incorporación de un nuevo apartado con el número 9.

En efecto, ha sido frecuente escuchar, en especial en los días cercanos a la entrada en vigor de la norma el 12 de mayo, los términos “caos”, “chapuza”, “improvisación”, “antigualla”, “anacronismo”, “olvido de la realidad empresarial”, y muchos más que los lectores y lectoras pueden encontrar en las hemerotecas digitales, aunque a fuer de ser sinceros también se han escuchado, no sólo en el mundo laboral trabajador sino también en círculos empresariales, voces más favorables a la implantación del registro, o cuando menos muy poco preocupadas por su implantación, con casi toda seguridad, como he indicado al inicio de este texto, porque es algo que ya está incorporado a la vida laboral ordinaria de muchas empresas.

Y desde luego, quienes están especialmente satisfechas por la nueva normativa son una parte, reducida pero no menos importante, del mundo empresarial, en concreto las empresas destinadas a la venta de programas de software que permiten hacer el seguimiento efectivo de todas las vicisitudes de la jornada laboral de un trabajador o trabajadora (a excepción de los altos cargos, si hemos de hacer caso a la guía del MITRAMISS sobre el registro de jornada, publicada el lunes 13 de mayo y a la que me referiré más adelante), y también remito a todos los lectores y lectoras a las páginas de los diarios digitales sobre recursos humanos para encontrar una muestra bien fehaciente de lo que acabo de indicar.

En casa del herrero, cuchillo de palo. A pesar de llevar un par de meses organizando jornadas con clientes sobre el registro horario y redactando documentos con recomendaciones y advertencias sobre cómo implantarlo (obligatorio desde el 12 de mayo), a los grandes bufetes parece haberles atropellado este asunto. "Lo estamos mirando", responden esquivos la mayoría de ellos cuando se les pregunta cómo lo llevarán a cabo internamente.

La medida, en todo caso, suscita el rechazo frontal de sus cúpulas. Hace diez días, en la inauguración del XII Congreso de la Abogacía, los socios directores de seis grandes despachos nacionales reclamaron al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y al Colegio de Madrid (ICAM) que se implicaran en frenar su aplicación en el sector. La noticia publicada por CincoDías causó un gran revuelo. A través de las redes sociales, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social respondía que el registro "afectará a todos los trabajadores".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. En la misma semana en que ha entrado en vigor en España el registro de la jornada laboral.

Según informó este martes la corte en un comunicado, la sentencia precisa que corresponde a cada país definir los criterios para la aplicación de ese sistema, sobre todo la forma que debe tomar, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.

La máxima instancia judicial comunitaria responde así a una petición prejudicial de la Audiencia Nacional española, que en enero pasado solicitó interpretar dos artículos del Estatuto de los Trabajadores relativos a la jornada laboral, al considerar que podían incumplir las normas comunitarias por "dejar en manos de los empresarios los descansos semanales y diarios".

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